Un grupo de juristas panameños ha alertado sobre presuntos excesos policiales durante las protestas contra la Ley 462 del sistema de pensiones en la provincia de Bocas del Toro, que se encuentra bajo estado de sitio desde mediados de junio.
Operación Omega bajo cuestionamiento
Desde el 14 de junio, cuando se implementó la denominada “Operación Omega” con el despliegue de más de 1,300 agentes de seguridad para controlar las manifestaciones, se han registrado múltiples denuncias por detenciones sin orden judicial y presuntas violaciones a los derechos fundamentales.
José Luis Santamaría, uno de los abogados que forma parte del equipo de aproximadamente 20 juristas que atienden estos casos, expresó preocupación por el desconocimiento del paradero exacto de los detenidos, quienes han sido trasladados a al menos tres provincias fuera de Bocas del Toro, dificultando así su acceso a representación legal.
Restablecimiento del artículo 23 constitucional
El Consejo de Gabinete decidió restablecer la aplicación del artículo 23 de la Constitución, que había sido suspendido durante el estado de sitio. Esta disposición establece que únicamente un juez competente puede determinar la legalidad de una detención y, en caso de ser improcedente, ordenar la liberación inmediata.
Expertos legales han cuestionado esta medida, argumentando que podría contravenir tratados internacionales suscritos por Panamá y la propia Constitución Nacional.
Denuncias específicas de maltrato
La abogada Lirieth Rodríguez denunció que al menos 70 personas detenidas en Changuinola fueron trasladadas a la provincia de Veraguas, donde habrían sufrido maltratos. Según Rodríguez, los detenidos fueron golpeados, se les negó acceso a alimentos adecuados y, en casos extremos, recibieron perdigones como comida, además de sufrir agresiones físicas, psicológicas y sexuales.
El informe elaborado por los abogados señala que el Ministerio de Seguridad no ha ofrecido explicaciones oficiales sobre las personas que permanecen arrestadas junto a delincuentes comunes, pese a que muchas no han recibido medidas cautelares.
Cuestionamientos legales
El abogado Gonzalo Mocada enfatizó la urgencia de conocer el paradero preciso de todos los detenidos, indicando que ninguna autoridad ha proporcionado información clara al respecto. Además, cuestionó la legalidad de suspender el derecho al habeas corpus, recordando que Panamá es signatario de convenios internacionales que prohíben esta práctica incluso durante estados de emergencia.
Las autoridades panameñas han argumentado que los detenidos tendrían presuntos vínculos con agrupaciones criminales, acusación que ha sido refutada por los testimonios recabados por los abogados defensores.
Preocupación por libertad de prensa
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su rechazo al bloqueo de comunicaciones impuesto en Bocas del Toro, considerando que esta medida limita el ejercicio periodístico y priva a la ciudadanía del acceso a información veraz e independiente.
A través de su Programa de las Américas, el CPJ exhortó al Gobierno panameño a restituir las garantías constitucionales suspendidas y cesar las campañas de desprestigio y amenazas contra comunicadores que cubren las manifestaciones.
Llamado internacional
Por su parte, el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron un llamado a la comunidad internacional para respaldar al pueblo panameño ante la crisis económica, social, política y judicial que atraviesa el país.
Las protestas en Bocas del Toro se enmarcan en un contexto más amplio de manifestaciones ciudadanas que exigen la derogación de acuerdos con Estados Unidos, la anulación de la Ley 462 del sistema de pensiones y el cese de proyectos de minería a cielo abierto.