El gobierno suspende garantías constitucionales por cinco días en la principal zona bananera del país
El gobierno panameño declaró este viernes el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, suspendiendo temporalmente las libertades de reunión y movimiento tras una jornada de disturbios que dejó un fallecido y más de 50 detenidos.
La medida, anunciada por el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac en conferencia de prensa junto al gabinete del presidente José Raúl Mulino, tendrá una duración de cinco días y busca “restablecer la paz y el orden” en esta región caribeña que concentra la principal actividad bananera del país.
Suspensión de garantías constitucionales
El estado de urgencia incluye la suspensión temporal de varias garantías constitucionales, entre ellas la inviolabilidad del domicilio y la privacidad de las comunicaciones personales.
“Esta medida la tomamos para evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia y vandalismo que pongan en peligro la propiedad y a las personas”, explicó Orillac durante el anuncio.
El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aclaró que pese a las restricciones, “las personas pueden ir de su trabajo a su casa sin ningún problema”, aunque quedan prohibidas las reuniones que puedan alterar el orden público.
Escalada de violencia
La decisión se tomó tras los incidentes del jueves, cuando se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que resultaron en saqueos, ataques a comercios, daños al aeropuerto de Changuinola y la destrucción parcial de un estadio de béisbol.
Los disturbios dejaron un saldo de una persona fallecida, más de 50 detenidos y decenas de heridos, incluyendo varios agentes policiales. El Ministerio de Seguridad desplegó más de 1,500 efectivos en la provincia.
Orillac denunció que “grupos violentos de personas encapuchadas protagonizaron actos criminales y de terrorismo urbano” durante la jornada del jueves.
Antecedentes del conflicto
Las manifestaciones iniciaron en abril tras la aprobación de reformas al sistema de Seguridad Social, que generaron protestas de sindicatos de maestros y trabajadores de la construcción. Posteriormente se sumaron los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, quienes consideran que las nuevas normas recortan beneficios establecidos en la Ley de 2017 que regula el sector.
Esta no es la primera vez que el gobierno interviene en la provincia. El 27 de mayo ya había declarado estado de emergencia en la zona, aunque sin suspender derechos constitucionales, en respuesta a huelgas y bloqueos de vías.
Los bloqueos han convertido a Bocas del Toro en el epicentro de las protestas nacionales, causando desabastecimiento de productos básicos y pérdidas millonarias en la región.
Intentos de diálogo
Esta semana entró en vigor una nueva ley especial para aumentar los beneficios laborales del sector bananero, producto de negociaciones entre diputados y líderes sindicales que anunciaron el levantamiento de los bloqueos viales.
Sin embargo, diversos grupos sociales y organizaciones de maestros rechazaron este acuerdo, lo que desató una nueva ola de manifestaciones y enfrentamientos callejeros.
La analista política Sabrina Bacal consideró que los recientes incidentes “son actos delictivos, no una protesta”, aunque señaló que el gobierno ha mantenido “un discurso muy agresivo y sectario” al negarse a escuchar a otros sectores.
Las autoridades mantienen el despliegue de seguridad mientras evalúan la evolución de la situación durante los próximos días.